Izquierda Unida, en Andalucía, ha
traicionado la mayor parte de sus promesas de transformación
económica y social, desaprovechando una oportunidad única para
hacer historia y luchar por una alternativa al modelo capitalista
imperante.
IZQUIERDA. Valderas antes de las elecciones de abril de 2012
Izquierda Unida gobierna en la Junta de
Andalucía en coalición con el PSOE desde mayo del 2012. El pacto no
se basó en un simple apoyo a la investidura al candidato del PSOE,
Griñán, para evitar que el PP de Javier Arenas gobernase, sino que
el gobierno resultante nace de una fusión entre los parlamentarios
de ambas formaciones. (PSOE e IU).
Tras unos meses de gobierno conjunto,
cabe preguntarse qué fue del proyecto de Izquierda Unida para
Andalucía, y qué políticas está llevando a cabo realmente. No
debemos olvidar que Valderas, coordinador general de IU en Andalucía
y ahora también vicepresidente del gobierno andaluz, abanderaba el
eslógan "rebélate" antes de las elecciones. Esta cosigna
buscaba principalmente el voto de aquellos votantes que rechazasen
los mandatos de austeridad impuestos desde fuera, bien por los
mercados o bien por una Unión Europea bajo la hegemonía de la
derecha más rancia y al servicio de los intereses de las grandes
entidades financieras del centro de Europa. Sin embargo, pocas
semanas después de entrar en el gobierno andaluz, y siguiendo
similares argumentaciones que las que utiliza Rajoy para justificar
sus recortes, Valderas anunció que "por imperativo legal"
había que cumplir con el objetivo de déficit fijado por el gobierno
central. En dos semanas el discurso cambió con rotundidad; la
forma de salir de la crisis ya no era aumentar los ingresos y
desarrollar un modelo económico alternativo, sino que, para impedir
que el gobierno central del PP interviniera el gobierno andaluz había
que acatar los mandatos de dicho gobierno central. Entonces, ¿por
qué había habido elecciones en Andalucía? Esta misma pregunta se
hacía desde IU cuando PSOE ó PP argumentaban que hacían lo que
hacían porque no tenían otra opción, era "su deber".
Izquierda Unida en Andalucía, o al
menos su cúpula dirigente, está demostrando que no tenía ningún
modelo económico alternativo para Andalucía. No parecen cuestionar
el más mínimo precepto del capitalismo, y es por esto que buscan la
salida a la crisis siguiendo las mismas recetas que el resto de
gobiernos derechistas en todo el sur de Europa, pues no estarían
llevando a cabo dichas políticas si no estuviesen convencidos en el
fondo de que tarde o temprano darán sus frutos. Incluso asumiendo
que una racionalización del gasto era necesaria (no, sin embargo, de
la forma con que se está haciendo), debemos recordar que en una
comunidad autónoma se podrían tomar una serie de medidas, partiendo
de un presupuesto bajo, pero que a medio-largo plazo tuviesen un
importante impacto en el empleo y en la transformación del modelo
económico, y que el actual gobierno coparticipado por IU no parece
estar dando ningún paso en este sentido.
A continuación enumeraré algunos
aspectos importantes que impepinablemente se deberían estar dando en
la comunidad autónoma para llevar a cabo un modelo económico
anticapitalista, pero que aún no se vislumbra por ninguna parte:
- Por un lado, lejos quedan las
reivindicaciones de reforma agraria que siempre ha defendido la
formación en Andalucía; después de nueve meses de gobierno
parece que la tierra en Andalucía seguirá en manos de unos pocos, y
las ocupaciones de tierra pública de Andalucía por parte de
jornaleros sin tierra siguen sin contar con ningún apoyo legal que
posibilite su desarrollo. Encomiable es, en este punto, la excepción
que Sánchez Gordillo, del Sindicato Andaluz de Trabajadores y la
agrupación CUT-BAI, representa en la defensa del uso de la tierra a
cooperativas.
- Es imposible crear cualquier
alternativa económica mínimamente seria sin tocar el sistema
financiero, pero Izquierda Unida finalmente no luchará por una
banca pública en Andalucía, pese a que era una de sus promesas
electorales. Teniendo en cuenta la alarmante necesidad de
disponer de al menos una entidad financiera regida por principios
profundamente sociales y democráticos, Andalucía seguirá contando
sólo con las tradicionales bancas usureras (a excepción de algunas
pequeñas cooperativas de crédito). La clase trabajadora andaluza no
podrá utilizar, por tanto, esta banca social finalmente inexistente
como apoyo para la vertebración del tejido económico alternativo,
que deberia basarse en el cooperativismo y en la economía social. En
lugar de esto nos encontramos con que las clásicas empresas de tipo
capitalista seguirán siendo hegemónicas. La razón que el gobierno
andaluz coparticipado por IU ha dado para descartar la idea de hacer
una banca pública es irrisoria; "el Banco de España nos
pondría muchas trabas" (¿y
aquello de "rebélate"?).
- Siguiendo el punto anterior, no
parece que el modelo empresarial y laboral vaya a cambiar en
Andalucía, la economía social y el cooperativismo siguen siendo
un porcentaje pequeño de empresas y del empleo en la comunidad,
y no tiene visos de cambiar. Pese al supuesto apoyo del
gobierno andaluz a la formación de este tipo de empresas, no parece
existir ninguna campaña para su promoción, medida que sería
necesaria para que personas desempleadas conozcan y puedan llevar
adelante iniciativas de esta naturaleza. Tampoco existe un plan serio
para la facilitar la formación del tejido económico-social y
cooperativo; no hay un plan masivo de incubación de empresas, sólo
unas cuantas oficinas y alguna nave dispersa que se ceden
temporalmente; no hay un plan para incluir a los ayuntamientos en la
facilitación de la creación de cooperativas, lo que dificulta
enormemente la creación de éstas (que por desconocimiento los
ayuntamientos tienden a vincularlos con empresas tradicionales, debe
recordarse que las empresas cooperativas en Andalucía no pueden
acumular capital, sino reinvertirlo).
- Y por último, tampoco podemos
olvidar que recientemente el gobierno andaluz ha cambiado la
normativa para que el 50% de los trabajadores de una cooperativa
puedan no ser socios cooperativistas aunque quieran serlo. Esta cifra
antes era del 30%. Por culpa de esta reforma se posibilitará que
existan cooperativas donde los socios cooperativistas sean minoría
frente al resto de trabajadores. Esto es muy negativo, ya que resta
poder democrático de decisión a los trabajadores no socios y puede
sentar un mal precedente al
funcionamiento social y no lucrativo de las cooperativas. Así que
favorece a la empresa privada, y va en detrimento de las
cooperativas.
Estos 3 puntos básicos y elementales
arriba descritos (banca pública, reforma agraria y economía
social) serían factibles con un presupuesto relativamente
pequeño, y a medio plazo generaría una creación sostenida de
empleo estable, con un tejido económico social basado en la
democracia obrera, una banca popular como servicio y no como
negocio y, en general, un cambio de conciencia en buena parte de la
clase trabajadora andaluza que caminaría en la senda de la
cooperatividad, la igualdad (incluida la económica) y el valor del
bien comun. Además, con la creación del tejido económico social se
posibilitaría un mayor ingreso fiscal que impidiese los recortes que
se están produciendo y que en el tercer sector están siendo
particularmente duros.
Nada de lo anteriormente
descrito convertiría a Andalucía en una comunidad autónoma
comunista, no es "marxismo revolucionario" (término con el
que define el PCE-IU a su proyecto político), pero sentaría las
bases para una futura transformación económica, social y política
cuando las condiciones madurasen en otras regiones del estado español
y de Europa. En la senda que camina el gobierno andaluz, sin
embargo, no puede albergarse ni siquiera esta esperanza, por lo que
serán necesarias muchas más jornadas de lucha y reivindicaciones en
Andalucía hasta que el poder político, al menos, sea tomado por
fuerzas que obren para los intereses de la clase trabajadora andaluza
y, por extensión, del resto del mundo. ¡PÁSALO!
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