Editorial U.R.T.
A medida que se incrementa la crisis en
toda Europa, incrementa la presión hacia las clases populares por
parte de la clase dominante y los gobiernos. Ésta se manifiesta con
particular brutalidad en los países semiperiféricos, los gobiernos
de la U.E. arremeten con una nueva medida neoliberal de recortes: la
eliminación completa de la subvención al banco de alimentos.
En una situación en que la cantidad de
gente que recurre al banco de alimentos ha pasado en torno al doble
de la cantidad que recurría a los mismos en 2007, resulta
escandaloso que en vez de aumentar la ayuda al banco de alimentos,
las principales potencias de la U.E. propongan la completa
eliminación de las mismas, ya sea de forma inmediata, o gradual,
hasta 2020. El plan es, de aquí al próximo años, reducir en 2
millones el monto que suelen destinar al banco de alimentos. ¿Qué
supone esto? Que para España es un 34% menos de lo que estaba
recibiendo este año, o el año pasado, y la cantidad se ha
duplicado. Esto también significa que, toda la gente que necesita
utilizar a la fuerza el banco de alimentos, no van a tener
posibilidad de utilizar el banco de alimentos; sólo van a repartir
ayuda desde el banco de alimentos a los que ellos consideren que son
los más necesitados, con lo que no sabemos lo que va a hacer el
resto. Morirse lentamente de hambre, pasar a la indigencia, parece
una de las únicas opciones.
Más del 40% de la financiación de los
bancos de alimentos procede directamente de la U.E. Ahora la cantidad
de recursos disponibles para esta función caerá en picado.
Mientras tanto, los ricos han
aumentado, un 50% sus beneficios desde el comienzo de la crisis en
2007. Asimismo, el desnivel de la esperanza de vida entre barrios
ricos y pobres se ha disparado: según estudio publicado en El
País, realizado por el proyecto Sophi, un programa de la Unión
Europea destinado a medir la polarización social y las desigualdades
entre ricos y pobres: «la esperanza de vida en el barrio de
Barcelona con mayor renta, Sant Gervasi, es de 81 años, mientras que
la del más pobre, El Raval, es de 73» (“Desigualdad creciente en
España”, Martes, 16/Oct./2012). La proporción de la
diferenciación social entre capas ricas y populares ha crecido dos
puntos, en los últimos meses, situándose así, de un 5,5% al 7,5%
actual.
Al momento de cerrar la edición, la
partida destinada a los servicios sociales en los dos últimos
presupuestos publicados por el gobierno ha caído un 65,4%, pasando
de 86 millones a 30 millones. Todo esto tendrá inevitables
consecuencias, que se traducirán en la caída drástica del nivel de
vida y la calidad de los servicios sociales, de aquellas capas de la
población cuya economía no permita pagar esos mismos servicios a
empresas privadas, tales como la sanidad o educación.
Sobre todo, esta caída en la partida
destinada a servicios se ha cebado especialmente con la eliminación
de los servicios sociales básicos, que son los destinados a los
ayuntamientos, por ejemplo: las ayudas para casos de emergencia. Esto
significa que habrá 257.126 usuarios que dejarán de ser atendidos
por los servicios sociales, y de éstos, 31.264 serán de la ayuda a
domicilio, con lo que se estarán cargando la famosa “ley de
dependencia”, y 59.063, de los participantes en programas de
prevención y reinserción social, destruyendo las ayudas de clases
de apoyo y educación especial en los colegios, para niños con
dificultades de aprendizaje o discapacitados, a lo que seguirá la
pérdida de un sinfín de puestos de empleo, profesores destinados a
tal área y asistentes sociales de la ayuda a domicilio o ley de
dependencia que quedarán en el paro.
Añadimos que según el informe de Eurostat, en este momento hay 2
millones 267.000 niños por debajo del umbral de la pobreza, cifra
que aumento en 80.000 en los últimos meses. La tasa total de pobreza
infantil se elevaría el 27,2% de este modo.
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