Análisis sobre el 25-S

Amplios sectores de la sociedad comienzan a cuestionar el orden político-económico y a exigir de forma masiva cambios sociales profundos
Editorial U.R.T.

El 25 de Septiembre se congregaron miles de personas a las puertas del parlamento español en Madrid para exigir un cambio estructural del régimen político, social y económico, como respuesta popular a las medidas antiobreras llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos pro-capitalistas, tanto del PP como del PSOE, y oponer medidas de cambio radical como salida a la crisis social, de desempleo y vivienda generada por la crisis financiera y agravadas por las políticas de desahucios, EREs, y destrucción en materia de derechos laborales, y privatizaciones y recortes a prestaciones y servicios sociales.

Vimos como las semanas antes, la respuesta de principales partidos, tanto de oposición como de gobierno, era alertar y darse ambos la mano, coincidiendo en censurar tales convocatorias como “golpistas”, relacionándolas demagógicamente con el golpe tardofranquista de Tejero.

La respuesta del gobierno, ya conocida, no ha sido otra que un plus en la escalada represiva y el ejercicio de violencia desmedida y sin sentido, practicándose detenciones arbitrarias y arrestos, con la correspondiente citación a instancias judiciales de la Audiencia Nacional. Éstas no tardaron en ser archivadas, tras haber desestimado el juez Pedraz los hechos que les imputaba la Delegación de Gobierno y Policía: “delito contra las instituciones del Estado”. El mencionado juez estimó que la convocatoria del pasado 25-S bajo el lema Rodea el Congreso, no constituye motivo alguno de delito, al estar protegida la petición de dimisión del gobierno por “la libertad de expresión, máxime ante la convenida decadencia de la clase política”. Tras ello, Pedraz criticó tanto a Policía como a Ministro de Interior sus “excesos”, ante lo que el portavoz del Partido Popular en el congreso respondió motejando de “pijo ácrata” al juez. Por su parte, los portavoces parlamentarios del PSOE, IU y UPyD, han rechazado la declaración del PP, no sin antes apresurarse a rechazar parte de lo escrito en la declaración del juez.

Durante los días posteriores a la represión, se han sucedido las protestas en Neptuno, a escasos metros del parlamento. La respuesta represiva del gobierno el 25-S, los golpes y palizas, las detenciones arbitrarias del gobierno y las citaciones judiciales, la instrucción monstruosa del caso por parte de Policía e Interior, han desatado la rabia popular, que se traduce en protestas, las cuales han terminado alcanzando magnitudes si cabe superiores a las de la convocatoria actual. A la situación de malestar socio-económico se suma el rechazo a una actitud hostil y la reacción represiva de gobierno, cuerpos represivos y el conjunto de la clase dirigente, pero, particularmente, hacia la aparición de presos políticos. El episodio ha puesto a las claras ante el común de la opinión pública que estos no sólo son privativos de las dictaduras militares y de corte fascista o totalitario, sino que son un hecho, junto con las cargas policiales, cada vez más recurrente por parte de un régimen de oligarquía financiera a duras penas legitimado con una Constitución monárquica pactada con las anteriores fuerzas del franquismo, y sobre una falsa idea de “representatividad” por parte de parlamentos mediatizados por unos cuantos partidos en su amplísima mayoría pro-capitalistas, y a favor de las recetas de la Troïka y el FMI, y los dictámenes de grandes inversores y bancos.

Por su parte, este editorial manifiesta su entero apoyo a las protestas del 25-S, y llama al grueso de la población a participar en próximas convocatorias, que tendrán lugar el 19 de Octubre, con el ingreso al parlamento de un documento de rechazo rotundo a los presupuestos generales del Estado para 2013 que los diputados empezarán a debatir el martes, 23 de Octubre, y que los convocantes estiman que son “los más injustos e irreales de las últimas décadas”; y el 23 y 27 de Octubre, con sendas concentraciones masivas, cuyo objetivo es el de rodear una vez más el congreso.

Desde la U.R.T., consideramos que las mencionadas movilizaciones no han surgido de la nada, sino que son la consecuencia de un caldo de cultivo y malestar social que se ceba en las costillas del conjunto de la clase trabajadora, ante las actuales políticas neoliberales de recortes, privatizaciones, despidos colectivos y destrucción de derechos laborales, salariales y políticos, teniendo su precedente más inmediato en las anteriores marchas de trabajadores y desempleados. Entre ellas, podemos destacar las marchas mineras, que supondrían un parteaguas de la movilización popular y la lucha obrera contra las políticas de recortes, en este caso contra el tejido industrial del país, en uno de sus eslabones estratégicos: la minería. O la Marcha de Trabajadores y Desempleados a Madrid del 21 de Julio, ante las Puertas del Ministerio de Trabajo. Las primeras son ya bien conocidas; y han quedado en el ideario colectivo de millones de trabajadores y trabajadoras. En cuanto a las últimas, extendían sus demandas más allá de reivindicaciones sectoriales: no se limitaban a ser una convocatoria de desempleados, sino que iban más allá, al buscar soluciones estructurales a la crisis de desempleo a través de políticas redistributivas y de reparto del trabajo que a su vez cuestionen los pilares básicos del capitalismo. Concentraron a más de 1000 personas por la mañana, y en torno a más de 5000 por la tarde en Sol, procedentes de distintas provincias, así como de la capital y las inmediaciones de Madrid. En éstas, el contenido de las consignas y de las protestas fue ampliamente reivindicativo, a favor de las conquistas y derechos de la clase obrera. Las exigencias iban desde el reparto del trabajo, la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial y la nacionalización de la banca hasta la democratización del régimen político, pudiéndose oír lemas como “viva la lucha de la clase obrera”, “obrero despedido, patrón colgado” o “lo llaman democracia y no lo es”. Asimismo, hubo amplia representación de colectivos y activistas de izquierdas y de sindicatos alternativos como la CNT, con la presencia de numerosas banderas republicanas, rojas y rojinegras. Entendemos que éste ha sido un primer paso para popularizar políticas obreras como única salida posible a la crisis, a favor de las capas populares.

Entendemos que no basta con exigir un cambio formal de las estructuras políticas y constitucionales parlamentarias, sino que cualquier cambio radical debe pasar por un cuestionamiento profundo del régimen de propiedad privada y de las estructura económicas, así como de los grupos de poder político-económico que tienden a concentrar el control sobre los medios de producción y la mayor parte de las riquezas que producen con trabajo obrero en unas pocas manos. Un cambio de este tipo, debe abogar por una política “agresiva” de reformas socializantes y redistribución de la riqueza, tales como:

1. La reducción gradual de la jornada laboral sin reducción salarial, a un mínimo, por ley, que obligue a las empresas a contratar nueva mano de obra, generando nuevos puestos de empleo.

2. La nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía (telecomunicaciones, electricidad, industria pesada, minería, etc.). 3. La abolición y reversión de todo tipo de privatizaciones y recortes sobre empresas estatales y servicios públicos.

4. Un paquete de inversión masiva estatal en industria pública productiva y servicios sociales de calidad, como sanidad y educación, así como la gratuidad total de tales servicios.

5. El monopolio del comercio exterior y la ayuda pública, con posibilidad de creación de redes en régimen sindical-cooperativo de pequeños y medianos negocios.

6. El control obrero de la producción en empresas y bancos. Esta se extendería también a los medios de prensa, con a) la completa democratización y socialización de los medios informativos: cadenas de televisión, emisoras de radio y medios de prensa, al servicio de la sociedad y no de un puñado de empresas privadas y lobbies.

7. Viviendas a precio de coste, con pago mensual no superior a 15 € / mes y a) abolición del cobro de intereses. b) Expropiación y redistribución de parques de viviendas vacíos. c) Derogación de desahucios por impago de alquiler o hipotecas.

Estas medidas, deben así mismo ir acompañadas de una democratización radical del sistema político, con: 8. la eliminación de formas jerárquicas de gobierno basadas en el electoralismo de unos cuantos dirigentes y cargos públicos por la amplia masa de electores y puesta en vigor de un régimen asambleario, basado en la celebración periódica de asambleas con carácter decisorio sobre amplias parcelas de la vida pública y la economía, 9. fin de la burocracia, con la completa rotatividad de los cargos administrativos, 10. la reducción del salario medio de cargos públicos, políticos, sindicales y empresariales al salario medio de un obrero, 11. la posibilidad de electividad y revocación inmediata sobre estos cargos por parte de su asamblea si no cumplen el mandato de la misma, y 12. la eliminación de toda forma de financiación desigual o privativa por parte del Estado o por parte de grandes capitales privados, entidades bancarias privadas o por parte de gobiernos extranjeros a partidos políticos –socavando así la base de poder mediático-económico de los actuales partidos capitalistas–.

En una palabra, la abolición del régimen partitocrático y del capitalismo privado transnacional-financiero, en favor de un régimen político completamente asambleario –en el que los partidos no tengan poder, y no sean más que meras agrupaciones programático-ideológicas de personas que comparten una misma visión política sobre la gestión de la sociedad y la economía–, y en favor de un sistema económico en el que la tierra, las fábricas, las infraestructuras, los recursos naturales, en una palabra, los “medios de producción”, sean propiedad “social” o “común” de toda la sociedad para que el conjunto de la población pueda beneficiarse y enriquecerse colectivamente de las riquezas que produzcan, y ejercer conforme a sus comunes intereses una verdadera toma de decisiones sobre los mismos.

Quienes pretenden limitar las convocatorias a una mera revisión de las instituciones políticas sin alterar en lo más mínimo las relaciones sociales y económicas, el régimen de propiedad privada de unos pocos sobre los medios de producción, y el proceso de toma de decisiones por parte de una minoría elegida a “cheque en blanco”, carecen, a nuestro entender, de un verdadero espíritu revolucionario. Aspiran a poco más que una sucesión de reformas cosméticas que en poco cambiarían la principal fuente de las injusticias que tiende a padecer la mayoría de la población bajo el capitalismo.